Javier es un estudiante con una deficiencia física. A pesar de su brillantez académica y de sus deseos de aprender, enfrenta obstáculos que van más allá de su propia condición. Su centro de estudios, ubicado en un edificio antiguo, no cuenta con accesos adecuados; las escaleras dificultan su entrada, y en el aula, su silla de ruedas no puede moverse con facilidad entre las carpetas. Los obstáculos físicos son solo una parte de la lucha diaria de Javier. El comportamiento de algunos compañeros y docentes, que lo ven como un "problema", complican aún más su desenvolvimiento académico. A menudo, las percepciones erróneas llevan a situaciones de discriminación y exclusión.

En nuestro país, como en muchos países, persiste el modelo médico rehabilitador que tiende a ver la discapacidad solo desde la condición individual de la persona buscando curarlo o “normalizarlo” para incluirlo en la sociedad, de lo contrario, es segregado. Sin embargo, el modelo social propone un cambio de enfoque: la discapacidad se encuentra en el entorno, no en la persona.

Según la Ley 29973, “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos".

El modelo social de la discapacidad adoptado en esta Ley, nos conduce a entender que la causa de la discapacidad no está en la persona; sino que, una persona se encuentra en una situación de discapacidad cuando se enfrenta a las barreras que la sociedad le impone. Desde esta visión, podemos decir que, todas las personas tenemos rasgos de individualidad y características propias; y que, en este caso, Javier tiene una deficiencia física, que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno lo convierte en “persona con discapacidad”.

Las barreras actitudinales juegan un rol crucial en la experiencia educativa de Javier. A menudo, se enfrenta a la incredulidad de sus compañeros y docentes sobre su capacidad para desempeñarse académicamente, siendo subestimado e incluso siendo limitado en su participación en los grupos de estudio. El escenario físico, donde las estructuras educativas están diseñadas sin contemplar la diversidad de sus estudiantes y la falta de sensibilización sobre la discapacidad contribuyen a la perpetuación de estigmas y modelos que favorecen la exclusión.

Como podemos ver, Javier se ve enfrentado día a día a las barreras actitudinales y del entorno que la sociedad le impone. Aunque Javier ha tomado la iniciativa de hablar con las autoridades educativas sobre estas falencias, su discurso ha llegado, en muchas ocasiones, a oídos sordos. A medida que Javier se enfrenta a estas dificultades, su historia refleja un problema más amplio que necesita atención urgente. La legislación peruana requiere un enfoque integral que no solo considere la existencia de personas con discapacidad, sino que aplique políticas activas para eliminar las barreras que limitan o impiden el ejercicio de sus derechos. La consolidación de una educación inclusiva que contemple las diversidades de sus estudiantes no solo beneficiaría a Javier, sino a un gran número de personas que se enfrentan a situaciones similares.

El modelo social es la alternativa viable que nos plantea la Ley General de la Persona con Discapacidad. La adaptación de infraestructuras y la promoción de actitudes positivas hacia la discapacidad son pasos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, ya que solo así podremos construir una nación donde la diversidad sea valorada y que todas las personas independientemente de su condición, tengan la oportunidad de ejercer sus derechos plena y efectivamente.